DE LA UNIVERSIDAD A LA ESCUELA
“Los
gobiernos tienen la obligación de velar por que se alcancen los objetivos y
metas de la educación para todos, con resultados duraderos. Para asumir
eficazmente esta responsabilidad, han de establecerse asociaciones con una base
amplia dentro de cada país, apoyándolas con la cooperación de los organismos e
instituciones internacionales y regionales”.
“La
educación es un derecho humano fundamental y un elemento clave del desarrollo
sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre las naciones, y por
consiguiente, un medio indispensable para participar eficazmente en los
sistemas sociales y económicos del siglo XXI, afectados por una rápida
mundialización. Ya no se debería posponer más el logro de los objetivos de la
Educación para Todos. Se pueden y deben atender con toda urgencia las
necesidades básicas de aprendizaje”.[1]
Las
principales instituciones universitarias del país cuentan con programas
académicos a nivel de bachillerato de psicología, trabajador social orientación
y consejería. Es compulsorio para cada
uno de los jóvenes de estos programas tomar el curso de práctica en su último
año académico, obviamente en un área seleccionada o aprobada por la propia
institución universitaria. De esta
manera, se completan al menos doce (12) horas semanales de servicio comunitario
durante todo el año, excepto en el periodo de verano, puesto que el curso de
práctica está constantemente activo. Es
de conocimiento común que el servicio que brindan nuestros jóvenes es en
promedio bueno y en muchas ocasiones excelente, pues es el producto de un arduo
esfuerzo en los estudios de la materia.
Eso es así, aunque no tengan los estudiantes experiencia de trabajo,
toda vez que la mayoría de los profesores se preocupan por platicar sus
vivencias positivas y negativas con el propósito de que los jóvenes adquieran
experiencias de forma indirecta. Tan
positivo es el programa universitario y es tanta la necesidad que tienen los adolescentes
de nuestro país, que propongo
establecer de manera compulsoria el curso de la práctica de psicología,
trabajador social, orientación y consejería en las escuelas públicas de toda la
isla, a nivel intermedio y superior.
Es necesario
desarrollar un programa de prevención primaria y secundaria a los fines de reducir la incidencia y perseverancia de la
criminalidad que impactan a nuestra sociedad. El complejo conflicto del uso y abuso de las drogas, la compraventa de
armas de fuego y sustancias ilegales, como las matanzas en nuestras calles se
debe en primera instancia por la ausencia del verdadero conocimiento de la
situación fáctica que comprende tomar la iniciativa de delinquir. Ello en perjuicio de una medida legitima que, aunque
sea al principio de menos provecho, sus consecuencias son mucho menos drásticas
y peligrosas. Es evidente que tal conflicto,
también comprende una significativa merma de los valores universales, donde ya
no se utiliza la medida de pesos y contrapesos para cuando los intereses de
cada uno de nosotros están en juego. La
distorsión de la realidad es el mayor problema cognoscitivo que conduce de
manera consecutiva a conductas antisociales. Por esta razón, una buena intervención de los
profesionales de la conducta humana haría una diferencia significativa a corto,
mediano y largo plazo en la sociedad, si la misma se realiza de forma
consistente.
Si
bien es cierto que el gobierno debe llevar a cabo su función con su propio
patrimonio, la situación económica del país no nos permite brindar todos los
servicios necesarios para que una sociedad funcione de manera eficaz. El Departamento de Educación ni siquiera
recibe los fondos suficientes para pagar los salarios de nuestros maestros y
conserjes de las escuelas públicas, con menos razón aparecerá dinero para
pagarles a los profesionales de la conducta humana. No obstante, la falta de dinero no debe ser
óbice para desproveer a nuestros adolescentes de las herramientas necesarias
para una sana convivencia, cuando existen muchos jóvenes talentosos que pueden cooperar
con esta justa causa y a su vez, obtener un crédito por ello. Continuar lamentando lo que pudimos haber
hecho nunca ha sido suficiente. Debemos
buscar alternativas viables para solucionar los conflictos que nos atañen en la
actualidad y que continuarán aumentando, si no tomamos medidas eficaces.
El
Estado puede utilizar su poder bajo el escrutinio estricto para imponerles a
las instituciones educativas universitarias privadas como públicas, la
instrucción de que cada persona que se matricule en un curso de práctica, realice
la misma en una escuela pública. No
obstante, esta medida podría resultar ser un poco onerosa para las
instituciones como para los jóvenes universitarios que interesan realizar su
práctica en un lugar distinto al predio escolar. Ante tal situación, el gobierno podría incentivar
a tales estudiantes de varias maneras.
Puede por ejemplo, ofrecer certificaciones o puntos adicionales que los
coloquen en una mejor posición al momento de solicitar un empleo o ingresar a
una institución para continuar estudios graduados. También puede catalogar el programa como una
experiencia de trabajo y no como un mero requisito institucional. Tomando en consideración de que no toda labor
necesariamente debe ser compensada y mucho menos retribuida de forma
económica. Esto último de por sí ha
generado varios obstáculos, puesto que son muchas las personas que no cooperan
para una justa causa ante la ausencia de algo a cambio. Formándose de esta manera una sociedad cada
día más superficial, materialista y egoísta.
Trabajar
y legislar a favor del bien común no es tenerle compasión a los menos
desafortunados o peor aún ignorarlos, sino buscar de manera diligente las alternativas
eficaces que están en nuestro alcance. No es justo echar a la suerte a los jóvenes
adolescentes que tienen o puedan tener conflictos con tan compleja que es la vida. No olvidemos que la adolescencia es la etapa
más difícil del ser humano. Lo único que
estamos haciendo es formando una sociedad con mayor pobreza espiritual. “Todo persona tiene derecho a una educación que
propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del
respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.”[2]
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